La estafa que sacudió Comodoro: más de 600 víctimas y $59 millones perdidos en la promesa de una casa propia

Una promesa tan fuerte como el deseo de tener techo propio fue el anzuelo perfecto. Durante casi un año, entre abril de 2023 y febrero de 2024, cientos de personas en Comodoro Rivadavia creyeron estar más cerca de cumplir el sueño de la vivienda propia. Pero en realidad, estaban cayendo en una compleja maniobra de estafa que, hasta hoy, ya suma más de 600 damnificados y un perjuicio económico superior a los $59 millones.

La principal acusada es Vanesa Fita, señalada como coautora o autora directa de casi 600 hechos individuales. La Justicia acaba de otorgar una prórroga de cuatro meses para que el Ministerio Público Fiscal avance con la recolección de pruebas en una causa que no deja de crecer en volumen y complejidad.

“Estos seis meses han resultado insuficientes para procesar la evidencia y dar respuesta a los diversos planteos de los imputados”, explicó el fiscal Martín Cárcamo en la reciente audiencia.

De los 600 afectados, solo 180 personas se animaron a presentar denuncia formal, aunque el número real podría ser mucho mayor. Mientras tanto, el equipo fiscal analiza documentación, transferencias bancarias, movimientos financieros y posibles vínculos entre al menos cinco personas imputadas, incluida Fita, quienes serían parte clave del entramado fraudulento.

El dinero, ¿dónde está?

Una de las noticias más desalentadoras para las víctimas es que la devolución del dinero parece imposible. Según la fiscalía, los fondos fueron rápidamente dispersados, gastados o transferidos a otras cuentas, haciendo muy difícil su rastreo y recuperación.

“La posibilidad económica de restitución es bastante incierta”, confirmó Cárcamo.

Hasta ahora, Fita no declaró ante la Justicia ni presentó ninguna defensa pública. La causa avanza con el análisis de su rol y el de los demás implicados, pero también con una certeza: nadie externo al grupo investigado habría participado de los hechos.

Un delito que deja marcas

El delito de estafa que se investiga en esta causa contempla penas de uno a seis años de prisión. Pero más allá de lo legal, el golpe emocional y económico que vivieron las víctimas es difícil de medir: familias enteras que confiaron sus ahorros, madres solteras, jubilados y trabajadores que vieron evaporarse su esfuerzo en una promesa que nunca se cumplió.

Mientras la Justicia trabaja contra reloj, el caso se ha convertido en un símbolo de alerta sobre cómo operan las estafas vinculadas a necesidades tan sensibles como el acceso a la vivienda. Y cómo, en muchos casos, la ilusión puede ser la puerta de entrada al fraude.