25 de agosto 2025, 18:07hs
Carmen Palomino
El silencio oficial resulta llamativo en un Gobierno caracterizado por declaraciones frecuentes y confrontativas. Sin embargo, en este caso, el presidente Javier Milei y su equipo optaron por una estrategia de prudencia, en medio de un clima político y judicial de alta tensión.
La controversia surgió a partir de la difusión de audios en los que Spagnuolo, quien hasta hace pocos días estaba al frente de la ANDIS, hablaba sobre supuestas coimas y pedidos de dinero vinculados a contrataciones estatales. Tras la publicación, fue desplazado de su cargo y quedó bajo investigación judicial.
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzaron rápidamente con allanamientos en domicilios relacionados al exfuncionario y a empresarios del sector farmacéutico, entre ellos integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina. También se secuestraron dispositivos electrónicos y sobres con dinero para peritajes.
En paralelo, Jonathan Kovalivker, directivo de la compañía mencionada en los audios, se presentó en tribunales y entregó su celular para ser analizado, mientras desde el Gobierno se dispuso una auditoría urgente sobre las contrataciones de la agencia.
Aunque el Ejecutivo se mantiene en silencio, algunos referentes del oficialismo salieron a dar señales. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió públicamente a su hermana, Karina Milei, y a su primo “Lule” Menem, mencionados indirectamente en la polémica, asegurando que todo se trata de “una operación monumental” contra el Gobierno.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se expresó con cautela y sostuvo que será la Justicia la que determine si los audios son auténticos, al tiempo que pidió esperar los resultados de las pericias antes de sacar conclusiones.
La postura oficial está atada a la aparición pública del propio Spagnuolo, quien hasta el momento no habló ante los medios ni emitió un descargo formal. Su testimonio resulta clave tanto para la investigación judicial como para la estrategia política del Ejecutivo, que busca evitar un mayor desgaste en un tema sensible y con potencial impacto en la opinión pública.
Mientras tanto, el expediente avanza y el caso comienza a generar una fuerte repercusión en el ámbito político y social, con la posibilidad de extenderse hacia otras áreas del Estado si se confirman las irregularidades.